“El fallo de la Corte es un respaldo no solo a los concejales que removimos al ex administrador municipal de su cargo, sino un respaldo a las facultades y responsabilidades que otorga la ley orgánica, ya que el fundamento de su remoción fueron tres informes, uno de ellos de la Contraloría en que se daba cuenta de irregularidades por las cuales el señor Ortiz no respondió con la coordinación interna del municipio que se esperaba” señaló el concejal Pablo Albornoz.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó un recurso de protección interpuesto por el ex administrador municipal de Tocopilla, Jonathan Ortiz Alvarado, quien fue removido de ese cargo por el cuerpo de Concejales de la comuna el 12 de marzo de este año, confirmando su remoción.
En el libelo, dirigido contra los concejales Pablo Albornoz, Ricardo Ortega, María Olivares, Luis Klaus y Claudia Díaz, el ex administrador acusaba esencialmente que su remoción se llevó a cabo en una sesión del concejo municipal en que no se incluyó el punto en la tabla, sino en puntos varios, por lo que el acto sería ilegal y arbitrario.
Sin embargo de las alegaciones de Ortiz, con la defensa de los concejales y con los antecedentes a la vista, la Corte de Apelaciones resolvió que el actuar del Concejo Municipal se ajustó a derecho, toda vez que el punto de remoción fue incluido por acuerdo de los concejales y que luego se aprobó la remoción, cuestión ajustada a lo dispuesto en el art. 30 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.“El fallo de la Corte es un respaldo no solo a los concejales que removimos al ex administrador municipal de su cargo, sino un respaldo a las facultades y responsabilidades que otorga la ley orgánica, ya que el fundamento de su remoción fueron tres informes, uno de ellos de la Contraloría en que se daba cuenta de irregularidades por las cuales el señor Ortiz no respondió con la coordinación interna del municipio que se esperaba” señaló el concejal Pablo Albornoz.
Por su parte, el Concejal Luis Klaus sostuvo que “entre otras cosas la Corte tuvo presente que luego de ser removido se le hizo un contrato para trabajar en la misma municipalidad con grado 9, lo que es incompatible con el cargo de administrador municipal, por lo que no hay oportunidad de continuar con el recurso interpuesto” señaló.
Por otro lado, la Concejal María Cristina señalo “ La sentencia establece que la decisión tomada por el Concejo Municipal no fue ni ilegal ni arbitraria, y que las garantías constitucionales invocadas por el ex administrador no se vieron afectadas en absoluto.
”Además, el Concejal Ricardo Ortega mencionó “estamos muy conformes con la sentencia, entregamos todos los antecedentes ante la corte y que fundamentaron la respuesta ante el recurso de protección y finalmente se ha llegado a una resolución justa y satisfactoria. Nos alegra que la corte haya considerado todos los antecedentes presentados para fundamentar su respuesta ante el recurso de protección”.
Para finalizar la concejal Claudia Díaz comentó “Desde que asumimos el cargo, hemos actuado con responsabilidad al exigir las medidas adecuadas frente a las situaciones presentadas en el Concejo Municipal y en las comisiones que nos mantienen informados sobre el funcionamiento de la municipalidad. Por lo tanto, la decisión de remover el cargo no fue arbitraria”.
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