La imputada, de 31 años, fue detenida el viernes como resultado de una rápida investigación desarrollada por el Equipo de Crimen Organizado, ECOH, de la Fiscalía, junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, labor que permitió reunir distintas evidencias y declaraciones que dieron cuenta de su participación directa en los hechos. Según detalló el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, durante audiencia de formalización realizada esta tarde, desde su nacimiento y hasta su muerte, la imputada mantuvo en deficientes condiciones de cuidado y nutricionales a su hija, ocasionándole además múltiples lesiones en distintos tiempos de evolución, distribuidas en tronco, extremidades y especialmente en la región cefálica. En este contexto, los últimos hechos de violencia se habrían registrado la segunda quincena de marzo de este año. Primero, el día 20 de ese mes, al interior de su domicilio, la menor sufrió una grave y extensa quemadura con agua caliente, que no fue tratada en ningún centro asistencial, debido a que la imputada temía que se descubrieran las lesiones que le ocasionaba dolosamente a su hija. Luego, el 24 de marzo, la imputada la golpeó nuevamente con un elemento contundente en su pierna izquierda, resultando la víctima con una fractura del tercio medio de la tibia, de carácter grave, lesión que tampoco recibió atención médica. Finalmente, el día 27 de marzo, en horas de la mañana, la imputada vuelve a agredir a la menor con golpes en la cabeza, resultando la niña con una contusión de gran entidad, que horas después le provocó vómitos y fiebre, siendo recién en ese momento trasladada por la madre al Hospital Regional, donde ingresa fallecida. Tras la exposición de los hechos, el fiscal Juan Castro Bekios detalló que, a juicio del Ministerio Público, estos constituyen el delito de parricidio consumado, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, correspondiendo a la imputada calidad de autora. Por petición del fiscal, el Juzgado de Garantía de Antofagasta dispuso que la mujer quede sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, otorgando un plazo de investigación de 150 días.