Sin embargo, dejaron fuera del proyecto el cupo que se pretendía otorgar a los afrodescendientes en la Convención Constitucional, pese a que obtuvo 82 votos de respaldo, pues requería quórum constitucional. Con 140 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones la Sala aprobó la primera parte del proyecto, que asegura 7 escaños para el pueblo Mapuche, 2 para el pueblo Aymara, 1 para el pueblo Rapa Nui, 1 para el pueblo Quechua, 1 para el pueblo Lican Antay o Atacameño, 1 para el pueblo Diaguita, 1 para el pueblo Colla, 1 para el pueblo Kawashkar, 1 para el pueblo Yagán o Yámana y 1 escaño para el pueblo Chango. Asimismo, también se ratificó un 5% de personas en situación de discapacidad en la Convención Constitucional. Ahora el proyecto, que contempla los escaños reservados dentro de los 155 convencionistas, debe ser aprobado en el Senado. “Hemos hecho un esfuerzo para un proceso constitucional ejemplar. Hoy da un nuevo paso para decir que la nueva constitución se realizará con letra indígena”, aseguró tras la aprobación la ministra de desarrollo social, Karla Rubilar. En dicha instancia también hizo un llamado para una rápida revisión en el Senado, para permitir que termine su trámite legislativo. Por su parte, la diputada PPD Andrea Parra, quedó con “una sensación extraña frente a este acuerdo, que fue lo que prácticamente se pudo lograr porque un pequeño grupo de poder impidió cualquier avance, sin entender que para diseñar un Chile nuevo, que esté validado por todo el mundo indígena, necesita voceros que además estén validados por todos, actores que sean institucionales con los que nos sentemos a conversar”. En la práctica, cada candidato se inscribirá para representar a un solo pueblo indígena al cual pertenezca y deberá acreditar que tienen su domicilio electoral en las regiones con mayor presencia de estos, según el pueblo al que pertenezcan. Las declaraciones de candidaturas serán individuales y, en el caso de los pueblos Mapuche, Aimara y Diaguita, deberán contar con el patrocinio de, a lo menos, tres comunidades o cinco asociaciones indígenas registradas ante la Conadi o un cacicazgo tradicional reconocido en la ley, correspondientes al mismo pueblo del candidato.